En el año 2000 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 1325 sobre Mujer, Paz y Seguridad (R-1325), dando un importante impulso a la discusión de cuestiones de género y promoción de la igualdad en el ámbito de la seguridad internacional y la resolución de conflictos. Esto abrió un profundo debate sobre las consecuencias del impacto diferencial de los conflictos armados sobre la vida de las mujeres, pero también sobre el papel fundamental que éstas desarrollan en tanto actoras involucradas en los conflictos, en su prevención y resolución, y como parte fundamental de los procesos de consolidación de la paz.
Históricamente, la ausencia de mujeres y la reproducción de estereotipos de género en los procesos de pacificación han dado lugar a la puesta en práctica de políticas que ignoran, no solo las necesidades, sino también las capacidades y las realidades de las mujeres en esos escenarios, haciendo que sus derechos y aportes sean subestimados y a menudo ignorados. El abordaje del conflicto en Colombia no ha escapado a esta regla durante algún tiempo, sin embargo, la participación de las mujeres colombianas tanto en las guerrillas[1] como en las organizaciones de los movimientos por la paz, ha demostrado la falacia ante las categorías en torno al género y una “militancia activa como parte de su proyecto de vida y de sus actuaciones como sujetos políticos” (Garrido Ortolá, 2020, pág. 83).
En este sentido, los estudios y análisis sobre la participación política de las mujeres se han caracterizado por lo que Ibarra Melo llama “carácter unidimensional” (Ibarra Melo, 2008, pág. 66), es decir, que hacen foco en la participación de carácter formal en partidos políticos, cargos directivos o electivos, conducción y liderazgo de organizaciones política y/o civiles, dejando de lado el análisis de lo que la autora llama “formas no convencionales de participación política, en organizaciones armadas o en movimientos sociales” (Ibarra Melo, 2008, pág. 67). De esta forma, queda por fuera un campo que ofrece múltiples posibilidades para explorar las imposiciones de género en la participación de las mujeres en la guerra y la paz, así como su posicionamiento político frente a escenarios de violencia como parte de los grupos armados o movimientos por la paz.
En este sentido, la inclusión de la perspectiva de género en el proceso de paz llevado a cabo entre el Gobierno y las FARC-EP constituye un hito en el análisis de los estudios sobre procesos de paz y perspectiva de género, no solo a nivel regional sino también internacional. Como resultado de este proceso, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto (2016) introduce y define el enfoque de género como principio articulador, no solo asociado a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, sino también a la necesidad de garantizar medidas efectivas para promover la igualdad, la participación de las mujeres y sus organizaciones en todas las instancias y niveles necesarios para la construcción de la paz, siendo el primer acuerdo con estas características a nivel internacional. Pero ¿cómo consiguieron las mujeres ocupar un lugar en la mesa de negociación y sentar un precedente de carácter internacional?
Las RI y su mirada desde el feminismo
Recién a fines de los años ochenta, con la caída del Muro de Berlín el contexto fue propicio para el desarrollo de aportes y pensamientos críticos, dando lugar entre ellos a la aparición de los enfoques feministas al estudio de las RI. Sandra Harding, Cynthia Enloe, Ann Tickner fueron de las primeras en impulsar una transformación de la disciplina que buscara “hacer presente el feminismo en las RI entendiendo esto no como un mero reciclaje, sino reflexionando sobre cómo se produce el conocimiento y se seleccionan los temas de la política internacional desde otro enfoque, cuestionando las estructuras tradicionales patriarco-estatales” (Lucero, 2019, pág. 40). Estas, fueron las primeras en preguntarse por el lugar que ocupan las mujeres en el mundo de las relaciones internacionales, los organismos internacionales, los partidos, en el mercado de consumo, en la producción, en las relaciones entre gobiernos; ¿Dónde están las mujeres?, “¿cómo llegaron allí?, ¿quién se beneficia de que estén allí?, “¿qué piensan ellas mismas acerca de estar allí?
El abordaje feminista de las RI y en particular, de la seguridad internacional, cuestiona el supuesto de la inexistencia o irrelevancia de las mujeres en la política de seguridad internacional y se propone exponer el funcionamiento del género y el poder, recuperando la experiencia de las mujeres en este ámbito. Asimismo, cuestiona hasta qué punto las mujeres se encuentran realmente aseguradas por la protección estatal en tiempos de guerra y paz, y pone en discusión los discursos en los que las mujeres se encuentran inevitablemente vinculadas con la paz, desconociendo muchas veces los múltiples roles que las mujeres han asumido y asumen en contextos de conflicto (Blanchard, pág. 3, 2003).
El abordaje feminista reconoce también las formas en que las mujeres, aunque están ausentes de nuestras historias de guerra, están y estuvieron siempre implicadas en la práctica: “sin las actividades de las mujeres, ¿serían posibles las guerras?” (Blanchard, 2003). Sobre la base de este marco conceptual, se busca destacar los múltiples roles que las mujeres desarrollan en contextos de guerra y/o conflicto, en tato víctimas, manifestantes, promotoras y participantes.
La experiencia colombiana
Laura Sherper nos dice que el “género importa”, lo que nos obliga a preguntarnos no solo ¿dónde están las mujeres en seguridad internacional?, sino también ¿qué nos aporta la introducción de la perspectiva de género como variable de análisis en los asuntos de seguridad internacional? En este sentido, es interesante adentrarse en la experiencia del movimiento de mujeres de Colombia y también de las combatientes de las FARC para conocer como lograron ser incorporadas al proceso y tener representación en la mesa de negociaciones y cuáles fueron sus aportes.
Los movimientos de mujeres por la paz tienen una larga historia de militancia y participación política en Colombia y de vinculación con las iniciativas y procesos de paz llevados a cabo desde el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) en adelante. Sin embargo, estos procesos, más allá de sus particularidades, compartieron dos características fundamentales: la ausencia de mujeres en espacios de decisión y la falta de enfoque de género en esas iniciativas (Garrido Ortolá, 2020).
Al iniciarse oficialmente los Diálogos por la Paz en la Habana, el 4 de agosto de 2012, la historia parecía volver a repetirse, no se registraba en la mesa de negociación ninguna representación femenina. Sin embargo, las acciones y campañas de presión de los grupos de mujeres; la presencia e influencia de actores internacionales; la instalación de mecanismos formales de garantía para la participación de la sociedad civil en su conjunto; y los compromisos internacionales asumidos por el Gobierno de Colombia durante esos años, fueron elementos que confluyeron para que, durante los siguientes dos años, la situación se modifique de forma notable.
En octubre del 2012, se creó el espacio “Mujeres por la Paz”, con el fin de exigir al Gobierno y las FARC no abandonar la mesa de negociaciones hasta haber firmado el “compromiso de poner fin a la guerra y construir la paz”. Y, en diciembre del mismo año, en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres por la Paz se publicó el manifiesto “La paz sin mujeres ¡No va!”, donde expresaron la necesidad de que las mujeres asumieran un rol protagónico en las negociaciones. Hacia octubre de 2013, tuvo lugar el evento que marcaría un quiebre definitivo en el proceso de negociación, la organización de la I Cumbre Nacional de Mujeres y Paz. Esta, tuvo como objetivo contribuir con propuestas a las discusiones del Punto 6 del Acuerdo; posicionar la agenda de las mujeres como un tema central en el marco del proceso de paz (Documento de Sistematización, 2013, pág. 13) y promover la participación de la sociedad colombiana en los diálogos.
La Cumbre fue convocada de manera conjunta por una nueve[2] organizaciones y contó con la participación de mujeres representantes pertenecientes a diferentes sectores sociales, niveles regional y nacional, provenientes de 30 de los 32 departamentos del país; la Red Nacional de Mujeres Ex Combatientes; personalidades internacionales; y la asistencia económica para su organización del sistema de Naciones Unidas, la Embajada de Suecia, Noruega y Suiza, la Agencia Española para la Cooperación Internacional y la Mesa de Género de la Cooperación Internacional de Colombia (Cumbre , 2013).
Como resultado de la Cumbre, se elaboró un documento con 810 propuestas, que fueron finalmente llevadas a la mesa de negociación en 2015, y tres peticiones fundamentales: que las partes permanecieran en la mesa hasta alcanzar un acuerdo; que se incluyera a las mujeres en la mesa de negociación en todas las etapas del proceso; y que se tuviesen en cuenta las necesidades, los intereses y las experiencias de las mujeres en relación con el conflicto durante las conversaciones.
El éxito de esta iniciativa quedó plasmado con la designación de dos mujeres en calidad de plenipotenciarias en la mesa de negociaciones de La Habana, y el anunció la creación de la Subcomisión de Género, instancia de carácter técnico que estaría encargada de revisar los acuerdos a la luz de recomendaciones presentadas por expertas y expertos en género.
La Subcomisión se transformó en un vehículo mediante el cual garantizar la consideración de temas difíciles como la violencia sexual y la participación política de las mujeres en los Acuerdos[3], y como resultado de su trabajo impulsó una serie de pautas orientadoras para avanzar en las negociaciones. Estas incluían, el señalamiento de la participación de las mujeres como partes pactantes del proceso; la incorporación del enfoque de derechos humanos de las mujeres; el reconocimiento de los estándares internacionales vinculantes, y finalmente, la formulación de la guía para la desmilitarización, la cual implica el aprendizaje de nuevas formas de resolución de problemas sin el uso de la violencia y de las armas (Huerta Díaz, Ruiz Herrera y Botía Hernández, 2017, pág. 61).
El 24 de julio de 2016 la Subcomisión anunció los pactos en materia de género que se aplicarían de manera transversal a los acuerdos, y finalmente, el Acuerdo final, firmado en Cartagena el 26 de septiembre de 2016, incorporó de manera sistemática la perspectiva de género en los seis puntos de negociación, reconociendo a las mujeres como sujetos de derecho y actores políticos, quienes vivieron de manera diferencial el conflicto armado interno, prestando particular atención a su rol en la fase de implementación.
Sin embargo, las mujeres de la sociedad civil colombiana no fueron las únicas en movilizarse con el objetivo de alcanzar su representación. Hacia finales del 2012 las mujeres de las FARC-EP comenzaron a reclamar su cuota de representación en la mesa de negociaciones. La Comandanta Victoria Sandino fue designada a inicios de 2013 en el equipo de negociación, y para 2015 la delegación fariana estaba compuesta en un 40% por mujeres. De esta forma, durante las negociaciones con el gobierno de Juan Manuel Santos, “14 mujeres formaron parte de un total de las 30 personas de la delegación negociadora. Si bien, no hubo intentos por incorporar una perspectiva de género en las conversaciones, ya que a juicio de las FARC-EP mujeres y hombres eran iguales, con mismo derechos y obligaciones” (Salazar Arévalo y Buitrago Cardona, 2019, pág. 14), el intercambio en La Habana con mujeres feministas de otras organizaciones comenzó a despertar interrogantes, dudas e inquietudes acerca de las lógicas de comportamiento al interior de la organización.
Como resultado de estas experiencias, las mujeres combatientes comenzaron a plasmar parte de la transformación de su pensamiento en el Blog Mujer Fariana, y el resultado de ese trabajo d se oficializó en 2015, durante la Décima Conferencia de las FARC-EP. Allí presentaron un documento titulado “Tesis de Mujer y Género” donde se plasma la visión política del partido de las FARC-EP en relación con las mujeres y el enfoque de género, dejando en evidencia la necesidad de avanzar en la creación de un feminismo propio, un feminismo insurgente.
Comenzamos preguntándonos ¿cómo consiguieron las mujeres ocupar un lugar en la mesa de negociación y sentar un precedente de carácter internacional? ¿Qué nos aporta la introducción de la perspectiva de género como variable de análisis en los asuntos de seguridad internacional? El abordaje feminista de las RI nos brindó un marco para introducirnos a pensar el funcionamiento del género y el poder en estos ámbitos, y como estos determinar la asignación de roles y expectativas en diferentes escenarios según el género.
La experiencia colombiana es un excelente ejemplo de una iniciativa que buscó desde las bases desarticular ese relato de la guerra y romper con la asignación de roles y expectativas de género, según el cual las mujeres solo pueden ser vistas como víctimas, para recomponer su capacidad de agencia y representación política y capacidad de liderazgo. El enfoque de género garantizó la inclusión de herramientas para garantizar igualdad en el acceso y promover la participación de las mujeres puedan acceder en igualdad de condiciones a los proyectos y planes del proceso de paz. Significa, del mismo modo, reconocer que el conflicto armado ha tenido un impacto con efectos diferenciales especialmente sobre las mujeres, y con atención especial para las mujeres víctimas de la violencia sexual.
Sin embargo, el voto negativo al proyecto del Acuerdo con el Referéndum de 2016 obligó a la modificación del texto original del Acuerdo, sufriendo importantes cambios en los aspectos relacionados la implementación de la perspectiva de género, derechos de las mujeres y personas LGBTI. Quedó así evidenciado el importante obstáculo que constituye aún la existencia de prejuicios a cerca de la implementación de perspectiva de género en los ámbitos políticos y sociales.
[1] Según datos brindados por Garrido Ortolá (2020) el porcentaje de mujeres en grupos armados en Colombia llegó a representar entre el 24% y 27% del total de personas desmovilizadas, y en el caso de las FARC-EP, según informes presentados por la guerrilla durante el proceso de paz, la presencia de mujeres en la fuerza asciende al 40% aproximadamente.
[2] Casa de la Mujer, Ruta Pacífica de las Mujeres, Red Nacional de Mujeres, Mujeres por la paz, Colectivo de Pensamiento y Acción Mujeres, Paz y Seguridad, Grupo de Seguimiento de la Resolución 1325, Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas – CNOA, Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz – IMP – y la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia – ANMUCIC, junto con la Organización de las Naciones Unidas en Colombia, bajo coordinación de ONU Mujeres.
[3] Entre los meses de diciembre de 2014 y marzo de 2015 la subcomisión se reunió en La Habana con 18 representantes de organizaciones de mujeres, feministas y de diversidad sexual, con el fin de dialogar en torno a la situación de las mujeres y las personas LGBTI, en el marco del conflicto armado en el país y de presentar propuestas y recomendaciones a la subcomisión, sobre la incorporación de la perspectiva de género en los acuerdos desde las necesidades y demandas de las mujeres (Humanas, 2021).
