Impacto del COVID-19 en el sistema internacional: una aproximación sistémica al regionalismo desde la EPI ideacional
junio 22, 2020
Uruguay, ¿camino a la OCDE?
agosto 15, 2020
Mostrar mas

Los vínculos entre la gobernanza de los recursos naturales y la calidad de la democracia: una reflexión

* Por Karen M. Siegel

Con la publicación del  libro “La bonanza de los recursos naturales para el desarrollo: Dilemas de gobernanza” la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) destaca la importancia de mejorar la calidad de la información a disposición del público tener más debates informados con participación de la sociedad para mejorar la comprensión de la gobernanza de los recursos naturales de la ciudadanía  (Cussianovich, capitulo X; Garzón y Röesch, capitulo XI), y abordar los conflictos socio-ambientales (González, capitulo XV). Aunque no es un fenómeno nuevo, en la última década se ha producido un incremento notable en el número y la intensidad de los conflictos relacionados al acceso, la propiedad y la gestión sostenible de los recursos naturales. Así, hoy en día los conflictos socio-ambientales se han convertido en una preocupación central para gobiernos y sociedades latinoamericanos, representando riesgos de inversión y reputación para las empresas.

La gobernanza de los recursos naturales es entonces un desafío para la democracia liberal, pero al mismo tiempo podría ser una oportunidad para fortalecer las democracias en la región. Los conflictos socio-ambientales en relación a la explotación de recursos naturales tienen por raíz una gran variedad de causas y reclamos y encuentran también una gran diversidad de mecanismos de respuesta por parte del Estado, las empresas y la sociedad. Es importante destacar que la ciudadanía  y organizaciones civiles involucrados en los conflictos no necesariamente tienen el objetivo de parar cualquier explotación de recursos naturales. Más bien en muchos casos las controversias son más complejas y tocan cuestiones de mitigación de impactos negativos, una distribución más equitativa de los beneficios y los costos de la explotación de recursos naturales o la envergadura y ubicación de proyectos específicos.

Mientras tanto, las causas de los conflictos y las demandas son muy diversas y vienen de perspectivas distintas. Una tendencia común es que la ciudadanía y las organizaciones civiles frecuentemente exigen una mayor participación en decisiones políticas con impactos muy directos sobre sus vidas.  Se puede decir que, en el conjunto, este tipo de demandas y conflictos requieren una democracia más sustantiva. Este concepto de democracia va más allá de votar cada tanto e incluye al menos dos aspectos adicionales. Primero, la posibilidad de participar en decisiones que afectan directamente a la ciudadanía  y contribuir a debates importantes de la sociedad y, segundo, la capacidad del Estado de tomar en cuenta una diversidad de perspectivas y mediar en casos de conflicto (Grugel, 2001: 5–6; Kaldor y Vejvoda, 1997; Siegel, 2016a).

En este sentido, así como los conflictos socio-ambientales revelan fragilidades de la democracia, la gobernanza de los recursos naturales podría ser una oportunidad para fortalecer la calidad de la democracia. Será aún más importante seguir eso después de los cambios políticos en varios países en los últimos años y en el contexto actual de protestas en diversos países impulsados por el creciente descontento sobre una variedad de temas, incluso la desigualdad social y exclusión y en algunos casos, autoridades represivas. Tres cuestiones se vuelven centrales para fortalecer la calidad de la democracia. Primero, son fundamentales los debates públicos informados sobre asuntos claves de la sociedad, lo que incluye ciertamente la gobernanza de los recursos naturales. Además, es indispensable tener en cuenta perspectivas diferentes y crear posibilidades de participación verdadera en decisiones que afectan directamente a la ciudadanía.

Infografía Justicia ambiental en Sudamérica
Mapa de Justicia Ambiental en América del Sur – Fuente: Atlas de justicia ambiental

No cabe duda que eso no es un ejercicio fácil. Dar más importancia a las perspectivas de la ciudadanía para construir una democracia más sustantiva implica también una redistribución de poder, es decir, cambios en el control sobre los recursos naturales. Eso involucra también dimensiones internacionales y globales pues la gobernanza de los recursos naturales en América Latina se ve influenciada por acontecimientos fuera de la región e involucra actores importantes externos (Siegel, 2016b). 

Sin embargo, la mayor atención que reciben los aspectos socio-ambientales en la gobernanza de los recursos naturales es importante en un primer paso. Además, el principio 10 de la Declaración de Rio de 1992, re-afirmado en la cumbre de Rio+20, fomenta una mayor participación y mejor información sobre la gobernanza de los recursos naturales como el acceso a la justicia lo que facilita la capacidad de la ciudadanía  de hacer valer sus derechos a la participación, la información y a responsabilizar a las autoridades por daños ambientales. En América Latina y el Caribe el principio 10 fue integrado en el Acuerdo de Escazú, el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe que se abrió a la firma en septiembre de 2018. Es el primer tratado ambiental de la región y el único en su tipo en el mundo que ha emergido hasta ahora de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Rio+20). El acuerdo busca asegurar que todas las personas tengan acceso a información oportuna y confiable, puedan participar de manera efectiva en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y accedan a la justicia en asuntos ambientales. Hasta el momento, cuenta con un total de 22 países signatarios y ratificaciones de nueve países (Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guayana, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay). Se puede esperar que otros países sigan próximamente para alcanzar los 11 Estados Parte necesarios para que el acuerdo entre en vigor.


* Doctora en Ciencia Política por la Universidad de Glasgow. Investigadora del Institute of Political Science de la Universidad de Münster, Alemania.

Bibliografía

Grugel, J. (2001) Democratization: A Critical Introduction. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Kaldor, M. and I. Vejvoda (1997) ‘Democratization in Central and East European Countries’, International Affairs 73(1): 59–82.

Sánchez, R.J. (ed.) (2019) La bonanza de los recursos naturales para el desarrollo: Dilemas de gobernanza, Libros de la CEPAL, N° 157 (LC/PUB.2019/13-P), Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Siegel, K. M. (2016a) ‘Fulfilling promises of more substantive democracy? Post-neoliberalism and natural resource governance in South America’. Development and Change, 47(3), pp. 495-516.

Siegel, K. M. (2016b) ‘Environment, politics and governance in Latin America’. Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe (102), pp. 109-117.