Mientras el COVID-19 no reconoce fronteras, las principales respuestas para combatirlo se circunscriben a los territorios nacionales. En el medio, el desigual acceso a las vacunas.
La propagación global del virus SARS-CoV-2 desde finales del 2019 obligó a los gobiernos de todo el mundo a tomar drásticas decisiones con el objeto de reducir la transmisión de la enfermedad y sostener los sistemas de salud. Que el cierre de fronteras y las restricciones a la movilidad hayan sido las primeras reacciones adoptadas en forma simultánea, encuentran su razón más en un reflejo de supervivencia, que en una decisión coordinada de manera internacional.
Mientras este virus no reconoce fronteras, las principales respuestas para combatirlo se circunscriben a los territorios nacionales. Sin embargo, algo ha quedado claro: si las restricciones a la circulación caracterizaron al 2020, la cooperación debería ser el leitmotiv del 2021. Pero, ¿qué tipo de cooperación?
Multilateralismo y cooperación, ¿para qué?
Es probable que la gran atención que se le da a la dimensión económica y comercial en la agenda de la política exterior de muchos países, y que delega a planos secundarios cuestiones tales como la salud pública, se haya plasmado en las dificultades para recurrir a estrategias colectivamente consensuadas ante el fenómeno del COVID-19. El multilateralismo, entendido tanto en sus entramados institucionales como en su amplio compendio de prácticas, abarca un espectro de mecanismos y objetivos: desde la mera gestión de la interdependencia hasta una cooperación con miras al desarrollo. José Antonio Ocampo (2015: 31), explica que la primera tendencia fue predominante hasta la Primera Guerra Mundial. Entre las acciones colectivas asociadas a esta forma de cooperación, el autor pone como ejemplo los acuerdos de navegación, el control de la expansión de enfermedades contagiosas, la interconexión de servicios postales, los primeros tratados de derechos de propiedad intelectual, y la cooperación sobre información estadística, entre otros. Es decir, a pesar de estar históricamente asociada a una función comercial, la gestión de la interdependencia introdujo la idea de la necesidad de proveer bienes públicos globales.
En cuanto a la cooperación para el desarrollo, Ocampo ubica su surgimiento con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, vinculada estrechamente al desmantelamiento del orden colonial y las consecuentes desigualdades entre las naciones. En este campo, precisamente, una de las asimetrías que destaca el autor son las tecnológicas y productivas, cuyo progreso se concentra en pocos países y por ende las restricciones a su difusión representan barreras al desarrollo equitativo entre las naciones. Pero ante esta realidad, y a diferencia del punto anterior: ¿es el saber un bien público global?
El caso de las vacunas para combatir la enfermedad del COVID-19 resulta paradójica. Si el objetivo es recuperar la normalidad pre-pandémica, basta con poner el foco en una distribución rápida del producto material, en sintonía con la primera de las tendencias. Si al contrario, lo que se pretende es una salida equitativa, el foco deberá estar puesto en distribuir la inmaterialidad del producto, su conocimiento. Ante este dilema, es probable que el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (COVAX) haya quedado a mitad de camino. Si bien esta alianza entre entidades públicas y privadas tiene como objetivo lograr una distribución rápida y equitativa de vacunas, hasta el momento enfrenta las mismas dificultades de escasez que afrontan todos los países del sistema internacional.
La solución comienza con decisiones concretas basadas en las capacidades reales de cada Estado. Las opciones se encuentran condicionadas por diferentes aspectos: la infraestructura, la disponibilidad de personal e, incluso, el entramado normativo. Está claro que instalar fábricas de vacunas con profesionales especializados para descentralizar y escalar la producción no es una respuesta posible gran escala y al corto plazo. Sin embargo, exceptuar de las restricciones legales para que aquéllos que cuenten con dichas capacidades puedan aportar con nuevas dosis que aceleren el proceso de inmunización, sería un comienzo.
Vacunas: el valor de lo intangible
Al igual que gran parte de los sistemas productivos internacionales, el momento de la aplicación de una vacuna es el último eslabón de un largo proceso que involucra etapas llevadas a cabo en distintas partes del mundo. Y, lo mismo que ocurre con otros bienes, la protección de los derechos de patentamiento se encuentran estrictamente protegidos por normativa internacional nucleada, principalmente, a través de la Organización Mundial del Comercio. En este punto, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, o TRIPS según sus siglas en inglés) fue puesto en el centro del debate ante las demandas de los países periféricos, con el acompañamiento de la misma Organización Mundial de la Salud, para facilitar el acceso a una de las herramientas centrales que pondría el fin de la pandemia.
Mientras poco más de la mitad de los países ya han aplicado algunas de las vacunas autorizadas por protocolo de uso de emergencia, se produce una gran disputa por la compra de cupos, cuyos niveles de producción aún son ínfimos ante una desesperada demanda global. Y aun así, al tiempo en que países centrales se aseguran dosis por una cantidad que supera ampliamente a la de su población, en la mayor parte del mundo no logran comenzar a inmunizar a sus habitantes.
Dada la concentrada producción de estos dispositivos, y la consecuente limitada oferta, países como India y Sudáfrica, dos países con probada capacidad de producción, presentaron un pedido ante el Consejo de los ADPIC de la OMC para suspender los derechos de propiedad intelectual mientras dure la pandemia. La medida fue resistida desde un comienzo por parte de los países centrales, los cuales, además de ser sede de los principales laboratorios, ya cuentan con la prioridad en la distribución de los cupos.
Es este el panorama internacional en el que se circunscribe el anuncio del presidente estadounidense Joseph Biden respecto a la voluntad de su país, tanto de incorporarse al fondo COVAX, como de apoyar la iniciativa de liberar las vacunas de las mencionadas restricciones. En cuanto a su situación doméstica, días atrás, la Universidad de Duke había publicado un informe basado en los compromisos que las grandes farmacéuticas mantenían con la Casa Blanca. Se estima que para julio de 2021 el país norteamericano alcanzaría un excedente de 300 millones de dosis. Las cuales de nada servirían si pierden eficacia ante las mutaciones que ya están agudizando la crisis sanitaria en el resto del mundo.
Paradójicamente, la historia muestra que fue el mismo Estados Unidos el país que inauguró una herramienta jurídica que permite exceptuar el régimen de propiedad intelectual en favor de intereses sanitarios nacionales. A través del otorgamiento de licencias obligatorias, un Estado puede autorizar la producción y distribución de determinados productos medicinales exceptuando los derechos de propiedad intelectual. Este mecanismo surge del propio Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, vigente desde 1995, y la Declaración de Doha, suscrita en el 2001 por los países miembros de la Organización Mundial del Comercio, reconocen los periodistas Torres López, Herrera y Ciriaco en su artículo publicado en The Big Pharma Project (2017). En dicha investigación se expone que entre 1960 y 2016 solamente catorce países aplicaron este mecanismo que en 44 casos permitió reducir los precios de medicamentos producidos en forma exclusiva por doce farmacéuticas (2017). Precisamente, Estados Unidos fue el país pionero en las primeras 3 oportunidades: 1960, con la liberación del antibacterial Tetraciclina de Pfizer; en 1970, del relajante muscular Meprobamato; y en 1980, de la insulina humana de la farmacéutica Ely Lilly para la diabetes. En todos los casos, se logró la reducción de los precios de cada producto. En cuanto a América Latina, Brasil y Ecuador utilizaron este recurso. Cabe mencionarse que Perú (2015) y Colombia (2016) fueron los últimos países en iniciar tratativas para la liberación de las patentes, pero las farmacéuticas acordaron reducir sus precios antes de hacerse efectiva la medida.
Una tenue luz al final del túnel
Ya con más de un año de pandemia transcurrido, es evidente que el impacto de esta enfermedad ha sido enorme y sumamente difícil de abordar para toda la comunidad internacional, en la más amplia interpretación de su concepto. Con lo cual, no existe otra salida que no sea mediante el trabajo mancomunado de la mayor cantidad de participantes posible. No obstante, la cooperación y el considerar a las vacunas como bien público global no aseguran por sí sólo una respuesta eficiente para combatir al COVID-19. El tipo de cooperación y el alcance de lo que consideremos bien público son aspectos sumamente relevantes.
No alcanza con la donación de millones de dosis excedentes de una potencia mundial. No es suficiente, tanto en términos numéricos ni por cuestiones logísticas de producción y distribución. Al contrario, la propuesta de liberar las patentes, incluso aunque sea por un tiempo determinado, permitirá desconcentrar los limitados puntos de producción de vacunas para que cada comunidad se beneficie adoptando sus propias estrategias de producción y aplicación. La enfermedad es dinámica, el virus muta y el factor temporal es determinante.
Los cambios no serán ni fáciles ni rápidos. Este 2021 aún presenta muchas problemáticas similares a las del anterior. Si bien los confinamientos continúan siendo herramientas utilizadas por los distintos gobiernos, las vacunas existen y son colocadas de manera masiva con elevados indicadores de seguridad y efectividad. Pero es sólo una tenue luz al final del túnel. Un túnel tan largo como larga es la fila de la humanidad que aún sigue a la espera de una dosis.
Pero además, desde nuestra perspectiva sudamericana, debemos ser conscientes que ni el Norte salvará al Sur, ni los países del Sur se salvarán así mismos mientras continúen actuando de manera aislada. El COVID-19 nos recuerda que el planeta es uno solo, y refuerza la idea de destino común de la humanidad. Nadie se salvará hasta que no estemos todos a salvo. Nuevos esquemas de cooperación deberían ser el cimiento.
