Por Fabio Sánchez (Universidad Sergio Arboleda, Colombia)
El pasado 29 de agosto Iván Márquez, ex negociador de las FARC en La Habana, y uno de los líderes históricos de esa guerrilla, anunció en un video junto con otros ex miembros de esa organización, que se alzaban en armas de nuevo. Esta noticia generó un impacto en una sociedad colombiana históricamente dividida por el conflicto interno. El mensaje de Márquez le podría dar la razón a quienes han sido escépticos del proceso de paz (2012-2016) que se desarrolló en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, pero también hace parte de las dificultades propias de un postconflicto marcado por diversas dificultades: muerte de líderes sociales, aquiescencia del régimen de Nicolás Maduro con disidencias de las FARC y un entorno político que devela la división de los colombianos frente a la agenda socio-política del país. Previo a esto en enero de 2019 el Ejército de Liberación Nacional (ELN), organizó un atentado terrorista en contra un centro de formación policial, con un saldo trágico de 21 muertos y 60 heridos. Este hecho detuvo los diálogos que se adelantaban con ese grupo en La Habana. Lo anterior, reubica al país en los asuntos de la agenda doméstica, y debilita la posibilidad de fortalecer su perfil de actor pacificado en la arena internacional.
Una breve reflexión histórica
La política exterior colombiana (PEC) se caracteriza por cuatro vectores establecidos: bajo perfil (desde la pérdida de Panamá en 1903), apego al derecho internacional, alineamiento con Washington y, búsqueda del control de los efectos del conflicto interno. Los tres primeros se han mantenido estables, pero el conflicto interno se salió de las fronteras por las fuerzas misma de la globalización de la violencia: tráfico de armas, personas y la lucha por el control de las rutas de las drogas, las cuales han sido objeto de disputa entre guerrillas y otros grupos armados al margen de la ley desde finales de la década de 1970. Tal vez el apego al concierto multilateral y el buen comportamiento del país ante la ONU, la OEA y el FMI ayudó a consolidar la imagen de “buen vecino”, democrático y ajeno a dictaduras, cuando en –Guerra Fría– América Latina era escenario de proxy wars, autoritarismo y tiranos favorecidos por EE. UU. No obstante, el país vivía un complejo escenario político que habría de agudizarse y prolongarse durante la segunda mitad del siglo XX.
Al mismo tiempo, cuando el país el país gozaba de prestigio internacional con Alberto Lleras Camargo como primer secretario de la OEA (1947-1954) y, el Batallón Colombia había participado en la Guerra de Corea en defensa de la democracia y bajo el mando de EE. UU. y la ONU, en el país se desataban los horrores del período conocido como La Violencia (1948-1958), el cual inició con la muerte del líder político liberal Jorge Eliécer Gaitán en el conocido Bogotazo del 9 de abril de 1948, ciudad en la que de forma simultánea se firmaba el nacimiento de la OEA. Durante este período el enfrentamiento político entre liberales y conservadores ocasionó aproximadamente 200 víctimas, y marcó la ruta de la violencia en el país, cuyo origen se encuentra en la concentración de la tierra y una débil presencia del Estado en vastas zonas rurales con pobre infraestructura, salud y educación.
En el marco de la Guerra Fría, la crisis política generó la creación de grupos guerrilleros, que en parte se inspiraron en la Revolución Cubana (1958). Las FARC y el ELN iniciaron una lucha insurgente, que para finales de la década de 1970 se mezcló con el narcotráfico. La violencia rural generó grandes migraciones que se refugiaron en cordones de miseria en las principales ciudades: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. En aquel momento la “diplomacia del café” y el liderazgo del presidente Belisario Betancur en el Grupo de Contadora fueron factores positivos que se enfrentaban al surgimiento de los carteles de Medellín y Cali, el primero liderado por Pablo Escobar, personaje siniestro que permeó a la política, el deporte y otros sectores de la sociedad, y quien además inició una oleada de terror en contra de la justicia, del Estado y los medios de comunicación.
A finales de la década de 1980, el país tenía una agenda marcada por el tráfico de drogas, guerrillas poderosas, grupos paramilitares y un estado parcialmente cooptado por estos actores violentos. Durante el gobierno de Ernesto Samper, el país vivió un fuerte colapso político: el presidente perdió la visa estadounidense y se adelantó una investigación por nexos del narcotráfico en su campaña (Proceso 8000). Posteriormente, durante el gobierno de Andrés Pastrana se iniciaron diálogos con las FARC en la denominada “zona de despeje” (1998-2002) una zona de 42.000 km2 en el sur occidente del país. Esta iniciativa fracasó, las FARC intentaron legislar para extorsionar y desafiaron al gobierno, el cierre del fiasco estuvo marcado por el secuestro de Ingrid Betancur y Clara Rojas. Estos hechos marcaron una profunda depresión en la imagen del país, un momento crítico en el que Pastrana y su staff diseñaron la propuesta del Plan Colombia: un paquete de ayuda económica (con componente militar y social) para la lucha contra las drogas y la insurgencia.
Evolución reciente del conflicto
Durante la administración del Álvaro Uribe (2000-2010), convergen su propuesta de seguridad democrática y los recursos del Plan Colombia, que fortalecen la capacidad de acción de las fuerzas militares. El país recuperó la confianza y seguridad en corredores estratégicos para el comercio y la inversión nacional y extranjera. Uno de los vectores clásicos de la PEC se destacó, el alineamiento con Washington fue intenso, a tal punto de apoyar la invasión estadounidense de Irak en 2003, lo cual generó el rechazo de un vecindario sumergido en un ambiente político de nueva izquierda que lideraban Lula da Silva y Hugo Chávez. La presión interna generó el spillover del conflicto: el bombardeo al campamento de las FARC en Ecuador (Operación Fénix) en el cual se dio de baja de “Raúl Reyes” generó un impase diplomático en diversos foros multilaterales: Grupo de Río, OEA y en la Cumbre de Bariloche (en el marco de la Unasur), en donde se criticó la acción colombiana, calificada como violación a la soberanía de Ecuador, hecho que facilitó la creación del Consejo de Defensa Suramericano (CDS) apéndice de la ahora agónica Unasur. Estos hechos dan cuenta de la evolución del conflicto interno, que desbordó las fronteras en un momento en el que el uso de la fuerza y, la ayuda militar y económica estadounidense, parecían la única fórmula para conseguir la paz.
El proceso de paz y un nuevo rol internacional
La llegada de Juan Manuel Santos está marcada por su acercamiento con Hugo Chávez y el inicio de un complejo proceso de paz con las FARC (2012-2016). Los diálogos del gobierno y dicha guerrilla en La Habana llamaron la atención de la comunidad internacional: garantes, donantes y observadores estuvieron atentos a la posibilidad de acabar con uno de los conflictos más antiguos y dañinos del orden internacional contemporáneo. En efecto, se firmó un primer acuerdo en Cartagena ante la comunidad internacional, Ban Ki-moon y varios presidentes asistieron, acuerdo que fue rechazado en un plebiscito celebrado posteriormente. Mientras este sorpresivo resultado hirió de muerte al acuerdo, a Santos le fue otorgado el Premio Nóbel de Paz. En medio del tenso ambiente la oposición liderada por Álvaro Uribe buscó ajustes al acuerdo original, y luego de conciliar se firmó el documento definitivo en el Teatro Colón de Bogotá en noviembre de 2016.
Colombia debió aprender a vivir un posconflicto, marcado por una política exterior enfocada hacia la paz. Del perfil del país problema se pasó al de una nación pacificada, miembro de la OCDE y socia de la OTAN, eximida del visado Schengen y bajo el mando de un Nóbel de paz. No obstante, el ambiente político interno se polarizó entre quienes apoyaban el acuerdo y los detractores liderados por Uribe. La contienda electoral de 2018 fue un reflejo de dicha división, en la cual ganó Iván Duque, quien intentó objetar sin éxito la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un sistema de justicia para buscar la verdad, reparar a las víctimas y evitar la repetición de acciones en contra de estas.
Dilemas de un actor pacificado
En el plano internacional, Duque ha liderado el cerco diplomático en contra del régimen de Nicolás Maduro, en escenarios nuevos como el Grupo de Lima (2017) y en el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur) en el cual contó con el apoyo de los presidentes Piñera de Chile, Macri de Argentina y Bolsonaro de Brasil, un eje de centroderecha que ha encontrado espacio en la agenda del presidente estadounidense Trump. Asimismo, ha sido enfático en el reconocimiento de Juan Guaidó como líder legítimo de Venezuela. Previo a esto, se retiró de la Unasur argumentando que se trataba de un régimen cómplice de la dictadura dirigida desde Caracas. Mientras tanto, en Washington, han llovido críticas al manejo del tema de las drogas, ya que el número de hectáreas pasó de 68 mil en 2009 a 169 mil en 2018. Asimismo, hay señalamientos sobre las muertes de líderes sociales y la doctrina del ejército de “doblar los resultados”, lo cual suscitó enfrentamientos entre el gobierno y el New York Times. Vale la pena destacar que el gobierno mantiene el apoyo a los desmovilizados a través de Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación y la oficina del Comisionado de Paz, labor que ha sido reconocida por la Misión de Verificación de la ONU en el país.
Asimismo, Duque ha realizado diversos viajes en busca de inversión e impulso para los productos del país en mercados atractivos de Europa y Asia. Asimismo, el canciller Carlos Holmes Trujillo ha brindado alternativas al elevado número de refugiados venezolanos que deambulan por el país, quienes están de paso hacia el Ecuador y otros destinos suramericanos o simplemente buscan alimentos y protección en Colombia, un drama migratorio que nunca había vivido el país.
A modo de conclusión: la agenda doméstica, matizada por un posconflicto complejo –por las variables del conflicto interno–, afecta el rol del país en la agenda internacional. Se trata de un actor pacificado parcialmente, cuya violencia continúa saliendo de sus fronteras y que, ahora, debe sortear los desafíos de una dictadura vecina que tiene relación con diversos actores al margen de la ley. Históricamente, ha existido el imaginario de que Colombia cuenta con factores únicos que le podrían facilitar su actuación a nivel internacional (dos océanos, diversos pisos térmicos, valles fértiles, selvas y, un segundo lugar en biodiversidad a nivel mundial). Esto podría funcionar una vez se superen las diferencias políticas internas, se logre ampliar el bienestar social y se formule una estrategia de inserción externa rigurosa y adecuada.
