Las dificultades que se advierten en torno al acceso a las vacunas para el COVID-19 tienen como telón de fondo el bajo nivel de producción: a la fecha, no hay vacunas suficientes. Las pocas disponibles, además, se han distribuido mayoritariamente en un pequeño grupo de países. Para comprobarlo, basta repasar algunos datos:
- Las naciones ricas, que concentran sólo el 14% de la población mundial, ya han pre-adquirido más de la mitad del primer suministro potencial de vacunas en el mundo.
- De los 700 millones de dosis aplicadas en todo el mundo, más del 87% se ha destinado a países de ingresos altos o medianos-altos y solo el 0,2% a los de ingresos bajos. Esto es, en los países de ingresos altos, una de cada cuatro personas ha recibido una vacuna, mientras que apenas una persona entre 500 en los países de bajos ingresos.
- Más de 130 países aun no recibieron una sola dosis, y 9 de cada 10 países pobres no tendrían acceso a la vacuna contra la COVID-19 el próximo año.
- De las vacunas producidas, Latinoamérica tiene, por contrato, sólo un 11% y África un 4%. Estas cifras contrastan con las de países como EE. UU y los de las Unión Europea que llegan a cubrir en un 199 % a su población, o Canadá, en un 532%.[1]
Frente al acceso limitado y desigual a las vacunas e insumos, se han lanzado algunas iniciativas globales para ampliar dicho acceso para los países de bajos y medianos ingresos. Una de ellas es el Mecanismo COVAX. Sin embargo, han quedado en evidencia las limitaciones para garantizar la equidad de acceso a las vacunas y a las tecnologías para fabricarlas.
Este reparto inequitativo de vacunas a nivel global es resultado, por un lado, de que solo un grupo selecto de países ha podido adquirir y/o producir las primeras dosis disponibles y, por otro, de que no todos los países con capacidad para fabricarlas lo están haciendo. Respecto a esto último, una de las principales restricciones está dada por la existencia derechos exclusivos que otorgan las patentes y otros derechos de propiedad intelectual que generan monopolios a favor de las grandes farmacéuticas (bigpharma).
En este marco, India y Sudáfrica presentaron en octubre 2020 una propuesta en el seno de la Organización Mundial de Comercio (OMC), solicitando la exención temporaria de los derechos de propiedad intelectual para los medicamentos, vacunas, y productos sanitarios durante la pandemia. Pero, ¿qué es lo que efectivamente se está debatiendo en la OMC? ¿Qué implica la liberación de las patentes? ¿Cuáles son los argumentos de quienes se oponen? ¿Qué oportunidades se abren?
La propuesta en la OMC: ¿qué se debate?
La relación entre los derechos de propiedad intelectual y el COVID-19 se examina desde julio de 2020 en las reuniones del Consejo de los ADPIC, órgano jurídicamente encargado de administrar y supervisar la aplicación del Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, también conocido como Acuerdo sobre los ADPIC.
El 30 de abril pasado, los 164 Estados miembros de la OMC se reunieron por novena vez en el marco de este Consejo para discutir la iniciativa de suspender temporalmente los derechos de propiedad intelectual sobre tecnologías, medicamentos y vacunas para el Covid-19, presentada por India y Sudáfrica el último 2 de octubre.
Alrededor de un centenar de países miembros de la OMC han adherido -ya sea en su totalidad o parcialmente- a la propuesta indo-sudafricana, entre los que se encuentra la Argentina.
Frente a esta propuesta, las principales potencias occidentales se han alineado para bloquear la iniciativa, entre ellos, Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Australia, Japón, Canadá. Cabe destacar que los países que se oponen a la propuesta de exención de propiedad intelectual concentran el 60% de las vacunas COVID-19 administradas a nivel mundial. Es decir, aquéllos que han acaparado la mayor parte de las dosis disponibles, son los que se oponen y bloquean la posibilidad de producir más vacunas para la gran mayoría de la población mundial. Pero estos países no están solos en su cruzada por asegurar la vigencia de los derechos de propiedad intelectual. En aquellos países que más resisten la propuesta se encuentran las principales casas matrices de grupos farmacéuticos como Pfizer, BioNtech y Moderna.
En este marco el inesperado anuncio de la Alta Representante de Comercio estadounidense en Ginebra, Katherine Tai generó repercusiones a escala global. Más aún considerando la postura histórica de este país, para el cual el reclamo de protección de propiedad intelectual y patentes ha sido parte integral de su política exterior por décadas.
Si bien este anuncio pareció inclinar la cancha en favor de la propuesta de waver presentada por India y Sudáfrica, el anuncio de la administración Biden movilizó a viejos y nuevos detractores, que inmediatamente cerraron filas bajo un mismo argumento: el problema fundamental no es la liberación de patentes sino la falta de infraestructura y know-how para la fabricación de vacunas.
Ahora bien, ¿qué implica entonces la liberación de las patentes?
La propuesta de liberación temporaria de patentes implicaría que los Estados miembros de la OMC quedarían exentos de otorgar nuevas patentes, derechos de autor y protecciones industriales, y de preservar secretos comerciales, e información confidencial con respecto a la prevención, control o tratamiento de COVID-19. Los países también quedarían exentos de hacer cumplir las protecciones para vacunas ya existentes para esta enfermedad. La medida duraría un número específico de años, a ser acordado por el Consejo General de la OMC y hasta que la población mundial sea inmune. Además cabe recordar que las medidas gubernamentales tomadas al amparo de la exención de patentes, pero por fuera de la solución de las controversias en el seno de la OMC, no requeriría que los gobiernos proporcionen una justificación específica para la revocación de patentes.
Existen antecedentes de liberación de patentes de los medicamentos en caso de crisis sanitaria, como ha sucedido en el marco de la pandemia de VIH. Hasta entonces los monopolios farmacéuticos provocaban que las personas de países de altos ingresos tuvieran acceso a medicamentos contra el HIV, mientras se dejaba morir a millones de personas en países periféricos. Fue gracias a que se levantaron las patentes que se pudo acceder a medicamentos genéricos. Sin embargo, no hay antecedentes de liberación de patentes desde el seno de la OMC.
Para alcanzar un acuerdo multilateral de esta naturaleza en la OMC se necesitaría al menos el apoyo de tres cuartas partes de los países. Esto es, 123 de los 164 estados y territorios que integran el organismo. A la fecha, la solicitud de exención cuenta ya con el apoyo de 100 países. Sin consenso, la decisión de aprobar el proyecto indo-sudafricano puede ser tomada por una mayoría de tres cuartos, aunque -cabe destacar- las decisiones de un subconjunto de miembros de la OMC sería casi sin precedentes, dado que la organización ha operado históricamente por consenso.
Desarmando falacias: ¿Qué hay detrás de los argumentos de la industria farmacéutica en contra de la liberación?
Previo al sorpresivo cambio de posición de la administración demócrata, tanto los Estados Unidos como la Unión Europea, Suiza, Japón, Canadá, Noruega y Australia habían enarbolado diversos argumentos contrarios a la exención de patentes sosteniendo que perjudicarían seriamente los esfuerzos colaborativos en curso. Veamos a continuación por qué son falsos estos argumentos:
Primera falacia: Si se liberan las patentes, se desincentiva la innovación y la inversión en investigación y desarrollo (I+D)
Sin duda, las ganancias extraordinarias atraen inversiones en cualquier lugar y circunstancia, y que los gobiernos y organismos internacionales confieran a las big pharma derechos exclusivos sobre el destino de vacunas vitales para todo el mundo es un buen ejemplo de este tipo de usufructo. Pero además de repensar si ese es el camino correcto a seguir en la actual coyuntura, existen otros puntos que aclarar.
En primer lugar, cabría preguntarse si las mega-ganancias de las big pharma reteniendo derechos exclusivos es el camino a seguir, en desmedro del acceso a vacunas vitales para todo el mundo, que debieran ser consideradas en cambio un bien público global. A esta altura no hay dudas que esto último es lo que debería haber sucedido desde el inicio de la pandemia.
Aun así, cabe tener en cuenta que el waver propuesto se aplicaría solo al caso del Covid-19, por lo que no se extendería a otros productos y no afectaría por lo tanto a futuro la I+D. Por otro lado, no debiera dejar de mencionarse el importante financiamiento público para investigación otorgado a las farmacéuticas a partir de la pandemia.
En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la industria farmacéutica siempre ha recibido una financiación pública y, si bien no solo en esta pandemia, pero en esta pandemia en particular fue muy importante representando las tres cuartas partes del financiamiento público para la investigación. Moderna, Pfizer/BioNtech, Johnson & Johnson, Novavax y Oxford/AstraZeneca recibieron miles de millones en fondos públicos y pedidos anticipados garantizados, incluidos $12 mil millones solo del gobierno de los Estados Unidos. En resumen, todas las vacunas de estas empresas se desarrollaron, total o parcialmente con financiamiento público.
En el caso de AstraZeneca, se sabe que el financiamiento público constituyó el 97 por ciento de los costos de investigación y desarrollo. Sin embargo, la falta de difusión pública de los contratos no ha permitido conocer en detalle qué proporción de los costos de investigación cubre esta cifra con respecto a todas las vacunas.
Por último, cabría señalar, siguiendo a Joseph Stigliz y Lori Wallach, que una exención de la OMC no impediría que, según los requisitos legales nacionales, los titulares de propiedad intelectual reciban regalías u otras formas de compensación, y además aumentaría los incentivos para que las empresas farmacéuticas firmen acuerdos voluntarios de fabricación[1].
Debemos tener en cuenta asimismo, que en el marco de esta crisis sanitaria, la alta demanda de vacunas continuará por un largo período, por lo que difícilmente se vean reducidas las ganancias de estas empresas. En el caso de Pfizer además, y a diferencia de otros fabricantes de la industria, esta empresa no renunció a las ganancias por sus vacunas durante la pandemia de Covid-19 sino que, por el contrario, éstas han sido su mayor fuente de ingresos. De hecho, en los primeros 3 meses del año, la vacuna ya le había generado US$ 3.5 mil millones, casi una cuarta parte de sus ingresos totales y anunció que en el conjunto del año espera recibir unos 26.000 millones de dólares gracias a la vacuna (incluso bastante superior a los 15.000 millones de dólares que había proyectado).[2]
Segunda falacia: Los países en desarrollo no tienen las capacidades locales necesarias para la fabricación adecuada y a escala de vacunas
De las 158 vacunas precalificadas por la OMS, 72 son producidas por fabricantes de países en desarrollo.[3] Esto da cuenta de su capacidad de fabricación para garantizar calidad en el suministro mundial.
Por otro lado, a pesar de las advertencias del sector farmacéutico con respecto a los largos años que demandaría construir o mejorar las instalaciones de fabricación, la evidencia ha demostrado que los plazos han sido mucho más cortos. Un ejemplo ha sido la instalación de nuevas plantas en el Reino Unido, inicialmente destinadas a la producción de vacunas contra la gripe estacional y la encefalitis japonesa y que hoy fabrican vacunas para el COVID-19. También vale la pena señalar que algunas empresas, como Bayer y JCR Pharmaceutical, que antes no producían vacunas, han comenzado recientemente su producción en Europa y Japón. En este escenario, con la ayuda de una exención de los ADPIC y financiamiento adicional, el mismo aumento en la capacidad productiva podría repetirse en diferentes países del mundo.
Tercera falacia: Los países que tienen capacidad de fabricación de vacunas no utilizada deben procurar acuerdos de licencias voluntarias con los desarrolladores de vacunas para la producción local.
Dejar los derechos de las vacunas a unas pocas empresas farmacéuticas significa, entre otras cosas, concederles el poder de decidir si habilitarán la producción en las economías emergentes, o no. Y los propietarios de las patentes de vacunas han mostrado muy poco interés en expandir la fabricación a través de licencias o fabricación por contrato.
Los grandes laboratorios han otorgado licencias de producción a un pequeño número de empresas y han soslayado a compañías públicas y privadas de países en desarrollo, como Cuba, Indonesia, Senegal y Tailandia, que también son capaces de fabricar vacunas a gran escala.
Pfizer-BioNTech, por ejemplo, no ha celebrado ningún acuerdo de este tipo fuera de Europa y Estados Unidos. La única empresa que ha suscrito convenios con compañías del “Sur Global” es AstraZeneca, con contrapartes en Indonesia, India, Japón, Australia, Argentina y México. Los términos de todos estos acuerdos siguen siendo secretos, pero la mayoría de ellos se refieren a cantidades relativamente pequeñas, con algunas excepciones notables, como el Serum Institute de la India.
La discrecionalidad de estos grandes laboratorios se comprueba en varios casos. En Bangladesh, la farmacéutica Incepta ofreció sus líneas de producción a Moderna sin haber obtenido respuesta favorable hasta la fecha. La canadiense Biolyse Pharma declaró que podría estar produciendo hasta 20 millones de dosis de la vacuna para exportar anualmente. La compañía busca (hasta el momento infructuosamente) una licencia obligatoria a través del Régimen de Acceso a Medicamentos de Canadá específicamente para la vacuna Johnson & Johnson / Janssen. En Dinamarca, el laboratorio Bavarian Nordic se ofreció hace un tiempo a producir vacunas en su fábrica de la ciudad de Kvistgaard.
El escenario al que conduce esta lógica es uno por el que miles de millones de personas pagan un precio altísimo por la falta de interés de estos propietarios de las vacunas en concluir acuerdos voluntarios de fabricación (o mejor dicho, por el interés en no hacerlo).
Cuarta falacia: Para que liberar las patentes si ya existen normas que permiten flexibilizar los derechos de propiedad intelectual de los ADPIC en caso de emergencia sanitaria.
De hecho, la “Declaración de Doha sobre los ADPIC y la salud pública” incluye flexibilizaciones relativas al acceso a ciertos medicamentos. Por ejemplo, el Art.31 de los ADPIC, según el cual las licencias obligatorias deben expedirse caso por caso, limita su empleo solo para abastecer a los mercados nacionales, en desmedro de la exportación hacia otros países, en este caso, los más necesitados y/o sin capacidad de producción. El Art. 31 bis, a su vez, dispone que cualquier producto fabricado y exportado bajo una licencia obligatoria debe ser identificado con envases y cantidades específicos, lo que puede dar lugar a demoras innecesarias en el contexto de COVID-19. Normas como esta evidentemente limitan significativamente el alcance de las mentadas flexibilizaciones, que no se ajustan por lo tanto a las circunstancias excepcionales que presenta la actual pandemia.
Quinta falacia: Ya hay mecanismos voluntarios de cooperación y transferencia de tecnología que hacen innecesario una suspensión global de las patentes
Detrás de este argumento, los hechos han demostrado en cambio que, lamentablemente, los derechos detentados por los grandes monopolios farmacéuticos han bloqueado todo intento de transferencia tecnológica, incluyendo la iniciativa C-TAP (el mandato del COVID Technology Access Pool, auspiciado por la Organización Mundial de la Salud) para fomentar la contribución voluntaria de propiedad intelectual, conocimientos técnicos y datos para satisfacer la demanda mundial de herramientas y productos médicos relacionados con la COVID-19. Como consecuencia, 18 grandes fabricantes de genéricos que se postularon para escalar la producción en noviembre pasado[4], no han podido hacerlo.
Por último ¿qué alterativa nos deja el Mecanismo COVAX en el esperado camino hacia un acceso más equitativo a las vacunas para el COVID-19? A través de este instrumento la expectativa era que 92 países de ingresos medios y bajos tengan el mismo acceso que los países más ricos independientemente de su capacidad de pago. Pero, muy lejos de alcanzar este objetivo en los plazos estipulados para el 2021, se estima que el COVAX apenas podrá cumplirlo en un 20% en junio próximo.
Entonces, ¿por qué hay que liberar las patentes (y ya)?
Por un lado, y en primer lugar, la cuestión de la exención de las patentes nos pone hoy frente a un álgido debate: las vacunas contra la COVID-19 ¿deben ser consideradas un bien público global o una mercancía para aquel que pueda compararla? Si la salud es un derecho, las vacunas deben ser un bien público global. Más aún cuando las investigaciones para su logro han sido financiadas por gobiernos y organizaciones internacionales, es decir, a través de fondos públicos.
Liberar las patentes probablemente no resuelva el problema de la escasez en lo inmediato, pero podría proporcionar una opción más rápida para que los gobiernos de todo el mundo no dependan únicamente de las decisiones y disponibilidad de la gran industria farmacéutica. Y esto no es menor, porque ante la actual situación de emergencia, los tiempos son valiosos y los retrasos cuestan vidas.
Además, si bien algunos fabricantes podrían no tener la capacidad para desarrollar nuevas vacunas candidatas, sus instalaciones de producción podrían reutilizarse para aquellas vacunas cuya efectividad ya se ha demostrado. Es decir, en el corto plazo, permitiría que aquellos que tienen capacidad de producir, puedan hacerlo.
Asimismo, el eventual levantamiento de las patentes también impactaría de forma positiva en la vacunación global: a través de impulsar la transferencia de tecnología, las vacunas podrían producirse por otros laboratorios. Esto es, en el mediano y largo plazo, y sin violar ninguna patente, podrían entrar en carrera nuevos fabricantes, al generarse los incentivos para invertir en la producción de estas vacunas.
Una vez más ha quedado en evidencia la importancia promover –a través de la cooperación- el fortalecimiento y ampliación de las capacidades locales para invertir en infraestructura y así expandir la producción. Cuba, que ya está próxima a iniciar la vacunación de su población con un producto propio, es un buen ejemplo de ello, y esto a pesar del bloqueo de EEUU que incluso le impide comprar los insumos.[5]
Muchos países tienen esta capacidad, y liberar las patentes genera incentivos. Argentina, de hecho está en proceso de adoptar tecnología transferida para la producción de las vacunas de Oxford/AstraZeneca, Gamaleya y SinoPharm, a la vez que universidades nacionales están investigando para el desarrollo local de nuevas vacunas. Incluso nuestro país, en el actual contexto regional y por su enfoque en materia de política sanitaria, podría tener la oportunidad de encaminarse estratégicamente en la producción regional de vacunas, a través de convenios tanto de fabricación como de transferencia tecnológica, con una visión a largo plazo, generando articulaciones con universidades e institutos de investigación. Argentina tiene trayectoria y know how que la posiciona en un lugar de relevancia a nivel regional. Hoy en día tiene la posibilidad de proyectarse en la producción de vacunas y medicamentos, generando los cimientos, no solo para el autoabastecimiento local, sino regional.
Un cierre con final abierto
La liberación de las patentes, tiene un corto, mediano y largo plazo, y en contextos de crisis sanitarias como las que estamos atravesando hay que actuar sin titubeos ni demoras. Avanzar por este camino, permitiría ampliar y diversificar la producción, para fabricar más vacunas y aumentar el suministro, lo que además contribuiría a disminuir los precios. Y lo más importante es que las vacunas podrían estar disponibles para avanzar aceleradamente en el control de la pandemia y de manera más equitativa.
Las desigualdades tan enormes en torno a la vacunación no solo profundizan las inequidades, sino que conllevan otro riesgo sanitario: la propagación de nuevas variantes altamente infecciosas del nuevo coronavirus en muchos países, que puede prolongar la pandemia durante muchos años. Abordar este dramático y alarmante escenario requerirá una distribución más eficaz de las vacunas en todas las regiones, junto con una tasa de vacunación más rápida.
Por el momento, los 27 Estados miembros de la Unión Europea están divididos sobre las patentes y los posicionamientos no están definidos. En Brasil el senado votó la suspensión de las patentes enfrentándose al presidente Bolsonaro quien, desde los inicios del debate, se manifestó en contra de la propuesta. Por su parte, EEUU y Reino Unido siguen poniendo trabas a las exportaciones a pesar del reclamo a nivel mundial. Mientras tanto, las grandes compañías farmacéuticas redoblan sus presiones políticas en contra de esta propuesta, con el único objetivo de sostener el bloqueo.
En la ya mencionada sesión del 30 de abril, los 60 países que copatrocinan la propuesta de waver señalaron que se encontraban trabajando sobre posibles cambios en el texto con el objetivo de avanzar en la discusión. De allí que solicitarán al presidente del Consejo de los ADPIC convocar a una reunión abierta a todos los miembros, en la segunda quincena de mayo, para discutir la propuesta revisada, antes de la reunión formal del Consejo, prevista para principios de junio. Será entonces cuando se sabrá si la decisión del gobierno de Biden efectivamente logrará traccionar nuevas voluntades hacia un posible consenso.
Cada vez son más los países, organizaciones, personalidades y campañas a nivel mundial que se suman al pedido por la liberación de las patentes de vacunas, medicamentos y tratamientos contra la COVID-19. Habrá que ver si esta presión será suficiente para torcer de una vez el brazo en la votación, sentar un precedente histórico y poner el derecho a la salud en primer plano, ni más ni menos, que en el seno de la OMC. ¡Hay que liberar las patentes!
