Por María Belén Herrero y Santiago Lombardi*
“Las vacunas contra la COVID-19 deben ser consideradas un bien público global”. La frase, incluso para quienes no siguen a diario la agenda multilateral o los discursos de Jefes y Jefas de Estado, resuena casi como una verdad incontrovertible en tiempos de pandemia. Resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud y la Asamblea General de las Naciones Unidas, declaraciones del G20 y numerosos comunicados presidenciales que vieron la luz en el último año parecen aseverarlo.
Lejos de los primeros anuncios que proyectaban a la vacuna para el COVID-19 como un bien público global, fue la lógica de mercado la que finalmente se impuso en esta primera etapa de producción y distribución de dosis a nivel internacional. A pesar de la escasez y el reparto desigual de vacunas, hasta el momento la industria farmacéutica no ha asumido ningún compromiso sobre mecanismos equitativos de acceso. Por el contrario, grandes laboratorios como Pfizer y Moderna no solo han vendido por anticipados miles de millones de dosis, sino que han usufructuado tanto el monopolio indiscutido de sus patentes como la falta de reglas transparentes para la fijación de precios, reduciendo el poder de negociación de muchos países, sobre todo de aquellos países con menos recursos.
Frente a una crisis sanitaria sin precedentes, las primeras vacunas contra COVID-19 -hoy una de las principales herramientas para el control de la enfermedad- se han convertido en el bien más requerido a nivel mundial y de manera simultánea. Sin embargo, y a pesar de contar con las primeras vacunas en tan solo 12 meses, la producción y distribución de las dosis, lejos de responder a la lógica de equidad y acceso universal, continúan regidas por las leyes de la oferta y demanda. El resultado es la escasez y el acceso desigual a las vacunas.
Por un lado, está la cuestión vinculada a la cantidad real de vacunas disponibles y la capacidad de producción. Existen restricciones “inelásticas” para la inmunización global, al menos en el corto plazo. Aún son pocas las vacunas aprobadas para abastecer la demanda internacional y no todos los países cuentan con capacidades suficientes para la producción a gran escala. Por el otro, están las cuestiones vinculadas con las condiciones desiguales que impone el mercado. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 95% de las aplicaciones de dosis contra el coronavirus está concentrado actualmente en diez países, y nueve de cada 10 países pobres no tendrán acceso a la vacuna contra la COVID-19 el próximo año. A esto se suma la falta de transparencia en los precios y acuerdos, que hace que por ejemplo hoy Sudáfrica compre la vacuna de AstraZeneca-Oxford al doble por dosis que los países europeos.
Frente al acceso limitado y desigual a las vacunas e insumos, se han lanzado algunas iniciativas globales, sobre todo en la búsqueda por ampliar el acceso a las vacunas para los países de bajos y medianos ingresos. Una de ellas es el Mecanismo COVAX, codirigida por la Alianza Gavi para las Vacunas, la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI) y la OMS, donde participan más de 180 países. Este mecanismo propone ser una colaboración para un acceso equitativo mundial a las vacunas contra la COVID-19 y para ello ha anunciado un acuerdo para la compra y distribución de vacunas destinadas a países en desarrollo. Sin embargo, han quedado en evidencia las limitaciones para conseguir las vacunas necesarias para garantizar la equidad del acceso, en gran parte debido a las negociaciones y acuerdos bilaterales de los países ricos con los fabricantes.
Asimismo, contra las consecuencias inequitativas del sistema de acceso a vacunas y de patentes y en la búsqueda por tratar de disminuir las trabas actualmente existentes, han surgido diversas reacciones e iniciativas, aunque aún sin éxito. Estas han estado orientadas en solicitar la suspensión de los derechos de propiedad intelectual relacionados con los productos de salud de COVID-19 durante la pandemia, y de acuerdos de licencia voluntaria entre los fabricantes de vacunas y las empresas de producción.
Una de ellas ha sido la iniciativa impulsada por el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado. La iniciativa de Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19 (C-TAP), ha propuesto hacer público el conocimiento, la propiedad intelectual y la información relacionada con las tecnologías sanitarias contra la COVID-19. Si bien, el Repositorio Libre de Recursos Técnicos fue apoyado por 37 países, incluida la Argentina, finalmente no recibió apoyo y no prosperó.
En otra línea, India y Sudáfrica han presentado en octubre pasado una propuesta a la Organización Mundial del Comercio (OMC) para solicitar la exención temporaria de los derechos de propiedad intelectual para los medicamentos y productos sanitarios durante la pandemia. Pese al apoyo mayoritario de los países en desarrollo, por segunda ocasión no hubo consenso debido al rechazo de las potencias occidentales. En este escenario ¿cuál es el margen de maniobra de los países con menores recursos? ¿Pueden cambiar las reglas del juego? A continuación, analizamos uno de los principales foros en los que se debate el futuro del acceso a las vacunas y medicamentos para el COVID-19: la Organización Mundial de Comercio.
Patentar el sol: el debate en la OMC
Este 23 de febrero se llevó a cabo una nueva reunión en el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio, a fin de discutir una propuesta elaborada por India y Sudáfrica para acordar una exención temporaria de los derechos de propiedad intelectual de los medicamentos y productos sanitarios para la prevención y el tratamiento del COVID19 durante la pandemia.
Alrededor de un centenar de países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) han adherido -ya sea en su totalidad o parcialmente- a la propuesta indo-sudafricana. Entre estos se encuentran Argentina, Bangladesh, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Egipto, El Salvador, Indonesia, Jamaica, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Sri Lanka, Tanzania, Túnez, Turquía, entre otros.
Frente a esta propuesta, las principales potencias occidentales, se han alineado en contra y han decidido bloquear la iniciativa. Entre los detractores más enfáticos de una eventual exención de patentes sobresalen los Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Australia, Japón, Canadá y los países de la Unión Europea. Su oposición ha sido justificada con argumentos que van desde la falta de evidencia de que los derechos de propiedad intelectual hayan generado barreras al acceso a las vacunas disponibles, hasta que una eventual prohibición de esos derechos privaría de incentivos a las compañías farmacéuticas para invertir en investigación y desarrollo. Esto último, sostienen, tendría efectos altamente negativos en un contexto en el que los laboratorios deben lidiar con las exigencias de un virus en permanente mutación.
Ahora bien, cabe destacar que los países que se oponen a la propuesta de exención de propiedad intelectual representan el 60% de las vacunas COVID-19 administradas a nivel mundial. Es decir, aquéllos que han acaparado la mayor parte de las dosis disponibles, son los que se oponen y bloquean la posibilidad de producir más vacunas para la gran mayoría de la población mundial. En este escenario, se estima que solo 10 países han administrado el 75% de todas las vacunas COVID-19 y más de 113 países aún no han recibido una sola dosis. Algunos países incluso, podrían no tener las primeras dosis durante los próximos años, ni siquiera para sus equipos de salud y población en mayor riesgo.
La cruzada pro-patentes de los países ricos cosechó su primer “éxito” el último 4 de febrero, durante una reunión del Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC. En dicha sesión, al igual que en la celebrada este martes 23, no se pudo lograr el consenso necesario para la aprobar la iniciativa para su ulterior tratamiento por parte del Consejo General de la OMC. En esta última sesión, todos modos, la propuesta sumó el co-patrocinio de Kenya, Eswatini, Mozambique, Pakistán, Bolivia, Venezuela, Mongolia, Zimbabwe, Egipto, el Grupo Africano y el Grupo de los Países Menos Adelantados (PMA).
En América latina, Argentina, Venezuela y Nicaragua expresaron pleno apoyo y acompañaron la iniciativa, mientras que Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y El Salvador acogieron la iniciativa, pero propusieron discutirla. El único país de la región que se ha manifestado en contra de la propuesta de exención fue Brasil, encolumnado detrás del rechazo del grupo de países desarrollados y en marcado contraste con la posición del país en ocasión de la lucha contra el HIV.
En lo que respecta a los países centrales, no están solos en su cruzada por asegurar la vigencia de los derechos de propiedad intelectual. De hecho, en aquellos países más opositores a la propuesta de exención de patentes (como Estados Unidos) se encuentran las principales casas matrices de grupos farmacéuticos como Pfizer, BioNtech y Moderna.
Días atrás, el director general de la Federación Internacional de Asociaciones y Fabricantes de Productos Farmacéuticos (IFPMA por sus siglas en inglés) declaró a la Deutsche Welle que la liberación de patentes relacionadas con las vacunas para el COVID-19 “no aumentarían el suministro ni en una sola dosis a corto plazo, porque ello pasa por alto la complejidad de la fabricación de vacunas”. Esto último no advierte, sin embargo, que los grandes laboratorios han otorgado licencias de producción a un pequeño número de empresas y han soslayado a compañías públicas y privadas de países en desarrollo, como Cuba, Indonesia, Senegal y Tailandia, que también son capaces de fabricar vacunas a gran escala. Las big pharma aducen, asimismo, que aún no han recuperado la inversión desembolsada para el desarrollo de los preparados vacunales. Sin embargo, hay que tener en cuenta, por un lado, que las investigaciones para su logro han sido financiadas por gobiernos y organizaciones internacionales, recogiendo décadas de inversión pública. Por el otro, que las principales empresas farmacéuticas que desarrollan vacunas para el COVID-19 recibieron cerca de 12.000 millones de dólares en fondos públicos para producirlas. Es decir, todas las vacunas de estas empresas se desarrollaron, total o parcialmente con financiamiento público.
Desde la vereda opuesta, Organizaciones como Médicos Sin Frontera (MSF) han resaltado los peligros de marginar al Sur Global del reparto de vacunas. “Con la aparición de nuevas cepas de COVID-19, muchos países de África están luchando contra una ola de rápida propagación de la enfermedad y un sistema de atención médica abrumado”, señala el Dr. Khosi Mavuso, Representante Médico de MSF en Sudáfrica. Efectivamente, mientras hacia finales de enero en Europa ya se habían suministrado millones de vacunas COVID-19 e inclusive las autoridades comunitarias denunciaban el incumplimiento de plazos y volúmenes de entrega acordados con Pfizer y AstraZeneca, al continente africano solo habían llegado 25 vacunas. Esta desigualdad pasmosa, además de sus implicancias morales, trasciende la mera regresividad aritmética en la distribución de dosis, ya que no solo profundiza las inequidades, sino que conlleva otro riesgo sanitario: la epidemia puede hacerse endémica en los países sin vacuna, generando reservorios de virus con capacidad de mutar en variantes más agresivas y diseminarse.
Una de las principales trabas en el acceso a tecnologías y medicamentos, incluidas las vacunas, son los derechos exclusivos que otorgan las patentes y otros derechos de propiedad intelectual que generan monopolios a favor de las grandes farmacéuticas. A un año de la pandemia que ha causado más 2,5 millones de muertes, y que ha afectado a más de 115 millones de personas a nivel mundial, aun no se han tomado medidas para otorgar licencias o transferir tecnologías protegidas por propiedad intelectual de manera de permitir una mayor capacidad de fabricación y suministro global, aun cuando los países disponen de diversas herramientas que podrían utilizar en contexto de crisis y emergencias para favorecer el acceso a estos nuevos desarrollos.
En estas condiciones epidemiológicas, es inconcebible aguardar los veinte años requeridos para que expiren las vacunas contra el COVID-19. La medida efectiva que demandan los tiempos, por tanto, es una suspensión temporal de las patentes de las vacunas, medicamentos y tecnologías para el COVID-19, hasta lograr la inmunidad mundial. Sin mayores titubeos, retórica autocomplaciente sobre cooperación internacional o apelaciones a la caridad de los países centrales y las grandes corporaciones farmacéuticas.
Las discusiones en el consejo ADPIC continuarán el 10 y 11 de marzo. Para alcanzar un acuerdo multilateral de esta naturaleza en la OMC se necesitaría al menos el apoyo de tres cuartas partes de los países. Esto es, 123 de los 164 estados y territorios que integran el organismo. A la fecha, la solicitud de exención cuenta con el apoyo ya de 100 países, incluyendo a la Argentina. Por su parte, la nueva directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala -que fuera Directora General del Banco Mundial y que integra la junta directiva de la Alianza GAVI- anunció que propondrá una tercera vía, como alternativa a la propuesta hasta ahora estancada de India y Sudáfrica, aunque vinculada a las licencias voluntarias.
Lo cierto es que lo que está en debate en el seno de la OMC es si las vacunas contra la COVID-19 deben ser consideradas un bien público global o no. ¿Se logrará un cambio en el equilibrio de fuerzas en la próxima reunión? Un acceso más equitativo y universal a las vacunas, depende de ello. En tiempos de pandemia, es imperativo que esto suceda.
*María Belén Herrero es investigadora del Área de Relaciones Internacionales de FLACSO Argentina y CONICET. Su agenda de investigación está centrada en temas vinculados a la Salud Internacional y la Cooperación Internacional.
Santiago Lombardi es médico, diplomático e investigador de temas relacionados a la Salud Internacional.
