El proceso Cartagena + 40, celebrado recientemente en Chile para conmemorar los 40 años de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, ha sido un hito importante en la historia de la protección de los derechos de los migrantes y refugiados en América Latina. Si bien el evento logró poner sobre la mesa temas cruciales y generar compromisos a nivel regional, los logros concretos del proceso siguen siendo motivo de debate. En particular, resulta necesario reflexionar sobre qué tan efectivos son estos compromisos en relación con la seguridad ciudadana y si realmente representan una respuesta integral a los desafíos actuales en la región en materia de movilidad humana.
La Declaración de Cartagena, firmada en 1984, amplió el concepto tradicional de “refugiado” para incluir a aquellos que se ven forzados a abandonar sus hogares debido a situaciones de violencia generalizada, conflictos armados internos, violaciones de derechos humanos o situaciones que alteren gravemente el orden público. Este enfoque inclusivo fue un hito para América Latina, estableciendo un sistema regional más flexible y solidario frente a los desafíos de los desplazamientos forzados.
En su conmemoración 40 años después, Cartagena + 40 reafirmó ese compromiso, subrayando la importancia de proteger los derechos humanos de las personas refugiadas y migrantes e incorporó los desafíos vinculados al desplazamiento por desastres como una variable relevante a atender. Durante el evento se discutieron temas clave como la necesidad de fortalecer la cooperación regional, promover la integración social de los migrantes y refugiados, garantizar el acceso a derechos básicos y mejorar las políticas de regularización.
Sin embargo, la retórica de solidaridad regional y el compromiso con los derechos humanos no siempre se traducen en políticas concretas que enfrentan de manera efectiva los desafíos actuales. Muchos países de la región presentan importantes retos para aplicar las normativas de forma adecuada, especialmente cuando se trata de garantizar el acceso a derechos y servicios para la población objeto.
Uno de los temas que merece especial atención es la relación entre los derechos de los migrantes y refugiados y la seguridad ciudadana en la región. La migración y los desplazamientos forzados, especialmente cuando son impulsados por situaciones de violencia o crisis humanitarias, son fenómenos que pueden generar tensiones tanto a nivel social como institucional. A menudo, estas tensiones se traducen en la percepción de que los migrantes representan una amenaza a la seguridad pública, lo que alimenta discursos xenófobos y políticas de exclusión que, en los últimos años, han crecido en la región.
Es aquí donde los logros de Cartagena + 40 tienen un impacto crucial. Al reafirmar el derecho de los migrantes y refugiados a la protección y a la integración, el proceso puede contribuir a mejorar la seguridad ciudadana a largo plazo. Las políticas que promueven la inclusión social y el acceso a servicios como la salud, la educación y el trabajo no solo benefician a los migrantes, sino que también contribuyen a la estabilidad social. La integración efectiva de los migrantes en las sociedades receptoras puede reducir la marginación, la violencia y la discriminación, factores que, a menudo, están estrechamente relacionados con problemas de seguridad pública.
Por el contrario, las políticas excluyentes o restrictivas, a pesar de lo que muchos perseveran en creer, pueden fomentar la creación de “guetos” sociales, donde los migrantes quedan atrapados en círculos de pobreza, delincuencia y violencia. Esto no solo afecta a los migrantes, sino que también pone en riesgo la cohesión social y la seguridad en general. De este modo, los avances promovidos por Cartagena + 40, en términos de inclusión y acceso a derechos, son fundamentales para mejorar la seguridad ciudadana, tanto para los migrantes como para las comunidades de acogida, en la medida en que sea entendida como la protección tanto de las personas migrantes como de las comunidades receptoras, algo que no se logra únicamente a través de medidas de control migratorio más estrictas, sino mediante políticas públicas que fomenten la convivencia pacífica, la integración social y el respeto a los derechos fundamentales.
En varios países de América Latina, incluidas las naciones que participaron en el Proceso, se ha visto una creciente tendencia hacia la criminalización de la migración irregular. La persecución de los migrantes que no cuentan con documentos en regla, que transforma una constante que los países no terminan de asimilar, ha generado un clima de miedo y estigmatización que alimenta la desconfianza y la violencia, con una narrativa predominante que a menudo presenta a los migrantes como una amenaza, erosionando así los principios de solidaridad que históricamente han caracterizado a la región.
Este enfoque restrictivo puede tener efectos contraproducentes en la seguridad ciudadana. La exclusión social y la marginación de grandes sectores de la población migrante no solo aumenta su vulnerabilidad frente a la violencia, sino que también incrementa las tensiones sociales y fomenta la aparición de situaciones de inseguridad en áreas donde se concentran los migrantes, sin que se les ofrezcan alternativas viables de inclusión.
Uno de los logros más importantes de Cartagena + 40 es el reconocimiento de la necesidad de una cooperación regional más robusta. La migración y el desplazamiento forzado no son problemas aislados; son fenómenos que cruzan fronteras y requieren soluciones colaborativas. Sin embargo, el proceso dejó claro que la región aún no ha logrado articular una respuesta integrada y coherente. A pesar de los compromisos declarados, la implementación de políticas conjuntas sigue siendo desigual, lo que limita los avances hacia una verdadera seguridad para los migrantes y las comunidades.
Por otro lado, la discusión en Cartagena + 40 también pasó de manera algo superficial sobre las causas estructurales del desplazamiento forzado. Si bien se habló de la importancia de garantizar la protección una vez que los migrantes llegan a los países de acogida, se hizo poco para abordar las razones subyacentes que los empujan a huir de sus países: violencia, pobreza extrema, el cambio climático y las crisis políticas. En este sentido, para que las políticas regionales sean realmente efectivas en términos de seguridad ciudadana, es necesario que la cooperación vaya más allá de la recepción y protección de los migrantes, e implique también un compromiso con la resolución de los conflictos y las crisis en los países de origen.
Cartagena + 40 ha sido un paso positivo hacia el fortalecimiento de los derechos de los migrantes y refugiados en América Latina, del mismo modo que lo fueron, al menos en términos declarativos, los procesos precedentes. No obstante, el verdadero desafío radica en la implementación efectiva de los compromisos adquiridos. Para que esto tenga un impacto duradero en la seguridad ciudadana, es imprescindible que los gobiernos de la región no solo refuercen la protección de los derechos humanos de los migrantes y refugiados, sino que también promuevan políticas de integración social y cooperación regional que aborden tanto las causas del desplazamiento como los desafíos de la convivencia.
Al fin y al cabo, la seguridad ciudadana no es un concepto que pueda limitarse a la protección de los ciudadanos “nacionales” frente a la “amenaza” de los migrantes y refugiados. La verdadera seguridad se construye en sociedades inclusivas y solidarias, donde los derechos de todos sean respetados y donde la convivencia pacífica sea promovida activamente. Cartagena + 40, si se lleva a la práctica de manera coherente y efectiva, tiene el potencial de ser un modelo para una movilidad humana más segura y armoniosa en América Latina y el Caribe.
